Lorie Shaull (Flickr)
La Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos para reorganizar las finanzas del gobierno de Puerto Rico recientemente radicó su nuevo plan de ajuste para reestructurar la deuda del gobierno central. El plan de ajuste impacta alrededor de $35 mil millones en deuda y sobre $50 mil millones en obligaciones de pensiones. Se trata de la reestructuración de deuda más grande en la historia de los mercados de bonos municipales de Estados Unidos.
La fuente de repago de esta deuda proviene del Fondo General, el principal fondo del gobierno de donde salen las asignaciones presupuestarias de todas las agencias.
Con la radicación del plan de ajuste, la segunda enmienda al plan que la Junta radica desde el comienzo de la quiebra, los fondos buitre se colocan nuevamente en la posición de lucrarse de las medidas de austeridad impuestas en Puerto Rico, como sucedió con la reestructuración de COFINA. El Public Accountability Initiative estima que, en dicha reestructuración, los fondos buitre lograron $1.1 mil millones en ganancias.
El plan de ajuste incluye el pago en efectivo de $7 mil millones a los fondos buitre.
El plan también contiene un recorte a las pensiones de 8.5% a todos aquellos retirados cuya pensión mensual sobrepase los $1,500. No obstante, si se suman los recortes a las pensiones y el congelamiento de todos los beneficios que disfrutan tanto pensionados como empleados activos, el plan de ajuste implicaría un recorte total de 19.3%.
Para llevar a cabo el plan de ajuste, la Junta necesita que la Legislatura apruebe un proyecto de ley que viabilice la reestructuración. El plan luego pasaría a una votación en donde participarán todos los acreedores del gobierno central que se vean perjudicados. Entre los potenciales votantes están los bonistas, los pensionados, los trabajadores del sector público, las compañías suplidoras y otros con reclamaciones contra el gobierno.
La administración de Pierluisi ha expresado que no respaldará ningún plan de ajuste que incluya recortes a las pensiones.
Las pensiones
La nueva versión del plan de ajuste continúa incluyendo un recorte a las pensiones de 8.5%. El recorte afecta a tres sistemas de retiro: el Sistema de Retiro para Maestros, el Sistema de Retiro de la Judicatura y la Administración de los Sistemas de Retiro. En los planes de ajuste anteriores el recorte de 8.5% era para todas las pensiones de $1,200 o más, es decir, ningún recorte podía implicar que una pensión cayera por debajo de los $1,200 al mes. Ahora los recortes serían para todas las pensiones de $1,500 mensuales o más.
Sin embargo, si sumamos el recorte de las pensiones y el congelamiento de todos los beneficios que disfrutan tanto los jubilados como los empleados activos, en 40 años el recorte totalizaría $12.5 mil millones, o un recorte equivalente a 19.3%.
De imponerse, este recorte sería uno más de una serie de recortes que han sufrido los pensionados desde antes de la imposición de PROMESA. Un análisis de los sistemas de retiro comisionado por la Junta encontró que la mayoría de las pensiones no han tenido un ajuste por costo de vida, esto es, se han mantenido fijas a pesar del aumento en el costo de vida, reduciendo efectivamente su valor real. El estudio estimó que el poder adquisitivo de las pensiones se ha reducido en un 19% desde el 2007.
La aprobación del plan de ajuste requiere, además de un proyecto de ley aprobado por la Legislatura, una votación con la participación de todos los acreedores impactados por el plan. Los acreedores son divididos en clases según el tipo de reclamo que poseen. En total, la Junta dividió a los acreedores en 66 diferentes clases, siendo los pensionados una de estas clases.
Los pensionados tendrán la potestad de votar en contra al plan de ajuste. No obstante, el plan incluye una trampa para la oposición: Aquella clase que vote para rechazar el plan tendrá entonces un recorte de 10%, en vez del recorte base de 8.5% (p. 40 del plan). De esta forma cualquier decisión de la oposición de rechazar el plan con sus votos traería mayores recortes.
Organizaciones de pensionados han logrado que la legislatura se mantenga firme en contra de los recortes a las pensiones. Recientemente la Cámara de Representantes aprobó, sin oposición, la Ley para un retiro digno, que establece como política pública el rechazo a cualquier recorte a las pensiones. La Junta se opone al proyecto de ley. Sin embargo, dado que la Junta necesita un proyecto de ley aprobado por la Legislatura para avanzar, el tema de las pensiones podría poner en peligro la aprobación del plan de ajuste.
Bonistas y acreedores del gobierno central
Según la Junta, el plan de ajuste reduce la deuda en bonos del gobierno central (bonos de obligaciones generales más los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos) en un 61%, de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones. Sin embargo, si se toma en consideración los $7 mil millones en efectivo que la Junta daría a los bonistas, la reducción de esta deuda sería solo de un 23%.
Cuando comparamos los términos de los pasados dos planes de ajuste notamos que, a pesar del juego de números, la reducción de la deuda aceptada por los fondos buitre no ha bajado.
| Planes de ajuste de la Junta | |||
| Términos del acuerdo | septiembre 2019 | febrero 2020 | marzo 2021 |
| Efectivo | $2.9 | $3.8 | $7 |
| Nuevos bonos | $11.8 | $10.4 | $7.4 |
| Efectivo + nuevos bonos | $14.7 | $14.2 | $14.4 |
| % Recorte (sin incluir efectivo) | 37% | 45% | 61% |
| % Recorte (Incluyendo efectivo) | 22% | 24% | 23% |
Como se aprecia en la tabla, si incluimos los pagos en efectivo la reducción a la deuda ha permanecido más o menos igual en los tres acuerdos. Lo que sí ha cambiado son los términos, con la Junta ofreciendo cada vez más efectivo, al punto de ofrecer $7 mil millones, cifra que representa el 70% del presupuesto operacional del gobierno.
Parte del dinero en efectivo incluido en el plan proviene de las medidas de austeridad impuestas por la Junta en los pasados años. Cada recorte de presupuesto generó ahorros que ahora servirán para pagarles a los bonistas.
El repago de esta deuda provendrá del Fondo General, la fuente de las asignaciones presupuestarias del gobierno. Además, el plan de ajuste estipula que el 1.03% de los recaudos del impuesto a la propiedad cobrados por el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) serán pagados a los bonistas (p. 89 del plan). Esta no es la primera vez que los recaudos del CRIM forman parte de la fuente de repago en un acuerdo de reestructuración. En la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento los impuestos a la propiedad cobrados por el CRIM constituyeron una parte sustancial de la fuente de repago para los bonistas.
Toda la discusión respecto a la ilegalidad de partes de la deuda ha sido abandonada en este plan. La Junta desistió de impugnar los $6 mil millones en bonos de obligaciones generales cuya legalidad había cuestionado en el tribunal.
Como parte del plan de ajuste también se estaría recortando la deuda en bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, (ASR) una de las deudas más litigadas en el proceso de quiebra.
Por un lado, los bonistas intentaron demostrar que sus reclamaciones estaban aseguradas con el pago de las aportaciones patronales a la ASR. En otras palabras, los bonistas, principalmente fondos buitre, argumentaban que las aportaciones patronales futuras les pertenecían hasta las cantidades necesarias para cubrir el servicio de deuda. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston decidió en contra de los bonistas. Por otro lado, la legalidad de estos bonos ha sido cuestionada con el argumento de que la ASR no tenía la autoridad legal para emitir bonos.
La Junta ofreció en este plan una recuperación de 8.7% a los bonistas de la ASR. De no aceptar el acuerdo y continuar con las litigaciones, los bonistas se exponen a perderlo todo si sus bonos son declarados inválidos por el tribunal. Sin embargo, con la firma de una estipulación entre la Junta y los fondos buitre, parece que están a punto de llegar a un acuerdo. La estipulación establece pagos en efectivo de $373 millones a $448 millones, lo que implicaría una reducción de la deuda entre el 85.9% y el 88.3%.
El peor recorte del plan de ajuste recae sobre los acreedores no asegurados que no son ni bonistas ni pensionados. Entre estos acreedores están las empresas suplidoras del gobierno, trabajadores del sector público e individuos con sentencias contra el estado. Se estima que el recorte es de un 99.3%, o sea, menos de un centavo por cada dólar.
Instrumento de valor contingente
El plan de ajuste incluye un “instrumento de valor contingente” (CVI, por sus siglas en inglés) que podría aumentar aún más los ingresos de los bonistas del gobierno central. Los pagos del CVI se activarían si en los próximos años los recaudos del IVU sobrepasan las proyecciones establecidas en el plan fiscal. Dicho de otra forma, si la economía de Puerto Rico mejora en el futuro y lo que el gobierno recauda del IVU sobrepasa las proyecciones hechas por la Junta, entonces los bonistas obtendrían pagos adicionales a los pagos fijos acordados.
Según el plan, el 50% del excedente que sobrepase los recaudos proyectados del IVU pasaría a los bonistas (p. 90 del plan). Los pagos a través del CVI tendrían al menos dos topes: Los pagos anuales podrían ser hasta un máximo de $200 millones a $400 millones y la totalidad de los pagos durante la vigencia de los bonos (22 años) no puede exceder $3.5 mil millones. En ese sentido, el recorte de 23% podría ser mucho menor.
El plan de ajuste ha sido denunciado por su insostenibilidad. Según lo planteado en el plan fiscal de mayo de 2020, el presupuesto del gobierno caería en déficit nuevamente tan temprano como en el 2029, incluso aunque se impongan las reformas estructurales que propone la Junta y estas generen los ahorros proyectados. Dicho de otro modo, a pesar de los recortes que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico y de la reorganización de las finanzas llevada a cabo por la Junta, el gobierno podría caer en una nueva crisis de deuda en diez años.