Image: Jorge Quinteros, Flickr
Las firmas de Wall Street están recurriendo a tácticas nuevas y agresivas en sus intentos de extraer ganancias en el proceso de quiebra de Puerto Rico. Estas acciones depredadoras pueden allanar el camino para que los fondos buitre obtengan repagos más altos como parte del plan de ajuste, al tiempo que amenazan potencialmente los recursos naturales y las tierras agrícolas de Puerto Rico.
Ambac, una aseguradora de bonos municipales, recientemente radicó una moción en el tribunal federal solicitando autoridad legal para exigirle a seis agencias gubernamentales los documentos necesarios para identificar las propiedades inmuebles de dichas agencias. Según su petición, los acreedores no pueden evaluar el estado financiero del gobierno central sin tomar en consideración las propiedades de las agencias del gobierno. Ambac también solicita la potestad para pedirle a esas seis agencias que designen a un representante para que depongan en un interrogatorio respecto a las propiedades.
La solicitud de Ambac es una muestra de las tácticas agresivas que utilizan algunos de los acreedores envueltos en el proceso de quiebra.
La moción está relacionada con las negociaciones que se llevan a cabo entre la Junta de Control Fiscal y los acreedores, particularmente los fondos buitre, para lograr un acuerdo que sirva de base al plan de ajuste, último paso para salir de la quiebra. De hecho, la Junta anunció que logró un acuerdo con un grupo de bonistas el 9 de febrero, pero que todavía continúa en negociaciones con otras partes, incluyendo a las aseguradoras de bonos, para integrarlos al nuevo plan de ajuste.
Ambac todavía no es parte del acuerdo. En ese sentido, la solicitud para investigar las propiedades inmuebles del gobierno puede ser vista como una medida tanto para presionar a la Junta a negociar como para aumentar los recursos disponibles para pagarle a los acreedores. Ambac ha sido una de las partes más litigantes en el proceso de quiebra. En mayo 2020, por ejemplo, demandó a la Junta con el argumento de que la ley PROMESA viola la cláusula de quiebra de la constitución de los Estados Unidos, que establece que el Congreso tiene la potestad de aprobar leyes de quiebra que sean “uniformes” para todos los territorios. Según Ambac, la ley PROMESA viola esta uniformidad.
La solicitud para investigar las propiedades
La ofensiva legal de Ambac respecto a las propiedades inmuebles del gobierno comenzó en octubre de 2019 cuando presentó su moción en el tribunal federal para solicitar que la Junta y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) divulgaran los documentos necesarios para identificar las propiedades del gobierno.
Luego de múltiples entregas de documentos y de reuniones con oficiales de la AAFAF, Ambac concluyó que existen seis agencias gubernamentales de alto interés cuyos documentos la AAFAF no le entregó o Ambac asegura que necesita mayor clarificación. Estas son:
- Administración de Terrenos
- Autoridad de Carreteras y Transportación
- Autoridad de Edificios Públicos
- Autoridad de Tierras
- Compañía de Fomento Industrial
- Departamento de Transportación y Obras Públicas
Para hacer un análisis del valor de algunas de las propiedades del gobierno, Ambac contrató a Christiansen Commercial Real Estate, una firma de corredores de bienes raíces. Según el fundador y presidente de esta firma, Ryan G. Christiansen, el valor en el mercado de unas 81 propiedades evaluadas es sobre $1.3 mil millones.
Esta no es la primera vez que Christiansen trabaja para acreedores que tienen disputas legales contra el gobierno en el proceso de quiebra. Christiansen funge como principal oficial ejecutivo de Puerto Rico Industrial Solutions Management (PRISM), una empresa conjunta fundada en 2019 por Taconic Capital Advisors y Monarch Alternative Capital, dos fondos buitre que han estado muy activos invirtiendo en bonos de Puerto Rico y adquiriendo propiedades industriales para rentar. Según su informe financiero de septiembre 2020, Taconic y Monarch poseían alrededor de $402 millones y $579 millones en bonos, respectivamente. Monarch es también uno de los dueños del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, un lujoso hotel en Río Grande localizado en Punta Miquillo, un terreno que fue parte de la Reserva Natural del Río Espíritu Santo.
Llama la atención que la Autoridad de Tierras sea una de las agencias en las que Ambac tenga interés. La Autoridad de Tierras es el custodio de una gran parte de los terrenos agrícolas del país que están en manos del gobierno. Según los datos que el Departamento de Agricultura le suministró al Centro de Periodismo Investigativo, la Autoridad de Tierras es dueña de 85,798 cuerdas de terrenos. Muchos de estos terrenos ya están arrendados para uso agrícola, mientras que otros son rentados a proyectos de energía renovable y vertederos municipales.
Por otro lado, la Autoridad de Edificios Públicos y el Departamento de Transportación y Obras Públicas son dueños de las escuelas públicas del país. Gracias a los despiadados ataques contra la educación pública en años recientes, muchos de estos planteles están en desuso. Algunos de estos planteles han sido vendidos a inversionistas.
Ambac solicita autorización del tribunal para pedir dos cosas directamente a las seis agencias (sin mediación de la AAFAF): la entrega de documentos que evidencien sus propiedades inmuebles y el testimonio de algún representante de la agencia.
Ambac y la AAFAF acordaron un calendario para discutir la moción de Ambac en marzo.
¿Quién es Ambac?
Ambac Financial Group es una compañía de servicios financieros cuyas subsidiarias se dedican a vender seguros para bonos municipales. Cuando una entidad gubernamental lleva a cabo una emisión de bonos para tomar prestado puede contratar a una aseguradora para asegurar algunos de los bonos, lo que aumenta su valor en el mercado y su atractivo para los inversionistas. En el caso de que dicha entidad gubernamental no pueda pagarle a los bonistas, la aseguradora entonces asume la responsabilidad. En el caso del gobierno de Puerto Rico, una de las subsidiarias de Ambac, Ambac Assurance, tiene asegurada una parte de la deuda, lo que le ha generado pérdidas.
Según un informe sobre su exposición a la deuda de Puerto Rico, en el primer trimestre del 2017, justo antes de que la Junta radicara la quiebra del gobierno, Ambac tenía una exposición de sobre $2 mil millones, sin incluir intereses. Ya en su informe para el tercer trimestre del 2020, esa cantidad se había reducido a mil millones de dólares.
Esa reducción se debió en gran medida a la reestructuración de COFINA, donde Ambac fue una de las partes que respaldó el plan de ajuste.
La petición de Ambac es una muestra de las tácticas agresivas que utilizan algunos de los acreedores envueltos en el proceso de quiebra. De lograr su cometido, muchas de las propiedades inmuebles del gobierno, incluyendo terrenos agrícolas, podrían ser incluidas en el plan de ajuste para ser vendidas con el propósito de pagarle a los bonistas. Este tipo de petición no solo posibilita que los fondos buitre exijan pagos mayores, sino que también abre la puerta al desplazamiento de recursos naturales, como lo son nuestras tierras agrícolas, con consecuencias desastrosas para el pueblo de Puerto Rico.