Foto: Matthew Perkins, Flickr
En uno de los actos más vergonzosos por parte de la industria privada de la salud en Puerto Rico, una serie de hospitales decidieron suspender a sus empleados en el medio de la crisis de salud causada por el COVID-19, la enfermedad causada por una infección con el nuevo coronavirus que emergió a finales del 2019.
Según El Nuevo Día, sobre 500 empleados fueron cesanteados. Esto incluye muchas enfermeras, muchas de las cuales fueron obligadas a permanecer en sus casas agotando sus licencias por enfermedad y vacaciones antes de ser cesanteados. En el caso del San Jorge Children’s and Women’s Hospital en San Juan, la administración del hospital suspendió a poco más de la mitad de su plantilla. Otros han visto su jornada laboral reducida.
Todo esto apunta al fracaso de la privatización de la salud en Puerto Rico. La venta del sistema de salud público data de la década del 90, llevada a cabo por el entonces gobernador Pedro Rosselló, padre del anterior gobernador Ricardo Rosselló.
Los administradores de estos hospitales justifican sus decisiones argumentando que tienen serios problemas financieros causados por la merma de visitas de pacientes desde que comenzó el toque de queda y el cierre de los comercios el 15 de marzo de 2020. Como todo negocio, los hospitales privados lo que buscan es hacer dinero. Los pacientes son clientes. Si las ganancias disminuyen, una de las opciones que tienen es cesantear a la fuerza laboral, aunque el negocio sea proveer servicios de salud en el medio de una pandemia.
Dicho de otra forma, la lógica capitalista de la industria de los hospitales privados pone las ganancias por encima de la salud.
Para hacerle frente a la pandemia, a nivel local como federal se han aprobado medidas para apoyar a los hospitales, tanto públicos como privados. En el caso del gobierno local, se han aprobado o se están discutiendo tres resoluciones que subsidian con fondos públicos a los hospitales privados, otorgan bonificaciones a las enfermeras, proveen subsidios por cada cama que tengan disponible y establecen una moratoria de tres meses en el pago del agua y la luz.
Todos estos subsidios levantan varias dudas. ¿Las enfermeras cesanteadas cobrarán la bonificación? ¿El gobierno está exigiendo algo a estas corporaciones privadas a cambio de subsidiarlas con fondos públicos?
A nivel federal, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Económica, Ayuda y Alivio del Coronavirus (“Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”), el rescate financiero más grande en la historia de Estados Unidos. Entre sus medidas se incluye una asignación de $100 mil millones para respaldar a los hospitales. Puerto Rico también está bajo el manto de esta ley, por lo que los hospitales locales se beneficiarán de esta medida.
Los despidos en los hospitales privados han causado gran indignación. Incluso se empiezan a levantar propuestas de nacionalizar la salud privada, es decir, que el gobierno intervenga en la administración de los hospitales privados como medida de seguridad nacional.
La industria de los hospitales privados
Las estadísticas respecto a los hospitales y los profesionales de la salud, especialmente de los hospitales privados, son incompletas y en la mayoría de los casos no están actualizadas. Según un estimado, Puerto Rico posee sobre 9,000 camas hospitalarias entre el sector público y privado.
Respecto a los cuartos de aislamiento, tan necesarios para enfrentar un virus tan contagioso, un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo resaltó las cifras contradictorias ofrecidas por el gobierno y la empresa privada, que van desde los 200 hasta los 382 cuartos de aislamiento.
Según el Directorio de Facilidades de Servicios de Salud del Departamento de Salud, en Puerto Rico hay 66 hospitales esparcidos en 7 regiones. 52 de esos hospitales son privados, 13 son públicos y uno es federal. Algunos de los hospitales privados están en manos de corporaciones sin fines de lucro, como el Sistema de Salud Menonita. La mayoría de los hospitales públicos se encuentran en el complejo de Centro Médico en el Municipio de San Juan. No sabemos si este directorio está actualizado.
No incluimos aquí los Centros de Diagnóstico y Tratamiento y los llamados Centros 330, que en su mayoría están en manos de corporaciones privadas, con y sin fines de lucro.
La mayoría de las camas de los hospitales privados se concentran en cuatro grupos hospitalarios. En primer lugar, está el sistema Metro Pavia, con 12 hospitales, seguido por el Grupo HIMA San Pablo, con cinco hospitales. El Doctors’ Center Hospital y el Sistema de Salud Menonita cuentan ambos con cuatro hospitales.
El Sistema de Salud Metro Pavia está controlado por la familia Artau. La administración del entonces gobernador Pedro Rosselló aprobó la llamada Reforma de Salud en el 1994, que abrió las puertas a la privatización de los hospitales públicos en Puerto Rico. Eduardo Artau Gómez, en conjunto con su esposa Carmen Feliciano, no solo comenzaron a adquirir hospitales públicos, sino que también levantaron la aseguradora First Medical. Sus hijos, Eduardo, Karen y Francisco Artau Feliciano se integraron a los negocios familiares y sus nombres figuran en las juntas de directores y equipo ejecutivo tanto de Metro Pavia como de First Medical. Así pues, la red de hospitales más amplia y una de las aseguras más grandes del país pertenecen a una familia.
En septiembre 2019 hubo una protesta en las inmediaciones de la sala de emergencias del Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado, uno de los hospitales de Metro Pavia. La protesta se llevó a cabo en reacción a la decisión de la gerencia del hospital de cerrar la sala de emergencias de once de la noche a siete de la mañana, aludiendo a asuntos de costo efectividad, un ejemplo de cómo la lógica empresarial pone al dinero por encima de las personas.
Artau Gómez también tiene inversiones en el sector turístico del país. Según El Nuevo Día, en agosto 2019, un mes antes de la protesta en Utuado, Artau ya contaba con sobre $70 millones en inversiones en varios hoteles, como el antiguo Pichy’s Hotel en Guayanilla, el Condado Lagoon Villas en San Juan y el Embassy Suites en Dorado. Además, Artau Gómez, Carmen Feliciano y la empresa First Medical fueron parte del grupo de bonistas que tomaron acción legal contra el gobierno y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando la administración de Alejandro García Padilla aprobó la Ley de Moratoria que detuvo el pago de los bonos del BGF en el 2016.
En el caso del Grupo HIMA San Pablo, la empresa fue fundada por Joaquín Rodríguez y Carlos Piñeiro. Ambos anunciaron su retiro en el 2018, aunque decidieron retener puestos en la junta de directores de la empresa. Según la página web de HIMA, el actual presidente y director ejecutivo es Armando J. Rodríguez. El equipo ejecutivo también cuenta con Jaime Rivera Dueño como vicepresidente senior. Rivera Dueño dirigió el Departamento de Salud bajo la administración de Carlos Romero Barceló (1977-1984). En enero 2009 ocupó nuevamente el cargo de secretario de Salud bajo el gobierno de Luis Fortuño. Sin embargo, al no lograr un consenso en el senado para su confirmación renunció al puesto seis meses después.
En el 2013 varios medios de prensa informaron del intento del Grupo HIMA San Pablo de incursionar en el mercado de la salud de España, cuando la empresa participó para adquirir la concesión de tres hospitales por parte de la Comunidad de Madrid. En diciembre 2012 el gobierno español aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, lo que abrió paso a una serie de privatizaciones, entre ellas la privatización de la salud. Trabajadores de la salud y sindicatos organizaron varias protestas, y a los ejecutivos de HIMA los recibieron con una protesta en uno de los hospitales. La concesión fue eventualmente cancelada por la Comunidad de Madrid tanto por la presión pública como por irregularidades en el proceso, lo que significó que HIMA fallara en su intento de incursionar en un mercado fuera de Puerto Rico.
En los pasados años Grupo HIMA San Pablo ha despedido a decenas de empleados alegando una reducción en los pacientes/clientes que reciben.
La Asociación de Hospitales y el rescate financiero
Las administraciones hospitalarias se organizan a través de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) para adelantar sus intereses. A pesar de que en la AHPR hay representación del sector público, la misma ha fungido como una asociación empresarial para proteger los intereses de las empresas privadas. Su presidente ejecutivo es Jaime Plá Cortés, quien funge como portavoz de la organización. Desde que comenzó el toque de queda, Plá Cortés ha tenido mucha presencia en los medios y en reuniones gubernamentales adelantando los intereses de los hospitales privados.
Según la página web, Karen Artau, presidenta del Sistema de Salud Metro Pavia, y Jaime Rivera Dueño, vicepresidente senior del Grupo HIMA San Pablo, pertenecen a la junta de directores de la AHPR.
La AHPR ha estado activa exigiendo ayuda federal y local. Por un lado, se unieron a la solicitud que la Asociación Americana de Hospitales hizo al Congreso para un rescate financiero. Este pedido fue aprobado el 27 de marzo como parte de las medidas incluidas en la Ley de Seguridad Económica, Ayuda y Alivio del Coronavirus (CARES Act, por sus siglas en inglés), a través del cual $100 mil millones en subsidios (“grants”) estarán disponibles para los hospitales, tanto públicos como privados. Estos fondos no solo ayudarán a cubrir los gastos relacionados al tratamiento del coronavirus, sino que también cubrirán las pérdidas que han tenido los hospitales ha consecuencia de los toques de queda. La ley no ofrece detalles respecto a cómo se administrarán esos subsidios y qué requisitos tienen. Por el momento, todo cae en manos del Secretario de Salud Federal Alex Azar.
En Puerto Rico, la AHPR le envió una carta a la gobernadora el 27 de marzo solicitando un rescate, alegando serias complicaciones financieras. Apenas cuatro días después comenzó la oleada de cesantías en los hospitales privados. No tenemos cifras exactas pero según El Nuevo Día superan los 500 empleados. Al momento de la publicación de este artículo el gobierno local ha aprobado las siguientes medidas para subsidiar la salud privada.
En primer lugar, está la Resolución Conjunta del Senado 507, que otorga a los hospitales privados $5,000 mensuales por cada cama autorizada y entre $150,000 a $250,000 mensuales a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento y Centros de Salud Familiar con salas de emergencia. Estos pagos se harán por los meses de abril, mayo y junio. También se le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que concedan una moratoria de tres meses al pago de luz y agua, respectivamente. Esta resolución ya fue aprobada.
Por otro lado, está la Resolución Conjunta del Senado 508, que le ordena a las aseguradoras que administran el plan de salud del gobierno y a la Administración de Seguros de Salud (ASES), la agencia encargada de administrar los planes médicos privados financiados principalmente con fondos federales de Medicaid, a adelantar los pagos de los próximos seis meses a los hospitales. Estos adelantos no pueden ser menores al 80% de las reclamaciones promedio de los pasados seis meses. Con esta medida se espera aliviar los problemas financieros a corto plazo que poseen los hospitales privados. Al momento de publicar este artículo esta resolución fue aprobada por el Senado, pero falta la aprobación de la Cámara.
Finalmente, está la Resolución Conjunta de la Cámara 666 que, entre otras cosas, le otorga una bonificación de $3,000 a las enfermeras del sector privado, $3,500 a las enfermeras por servicios profesionales y $4,000 a las enfermeras del sector público. La resolución también asigna a los hospitales $30 millones para la compra de equipos y materiales. Esta medida busca recompensar la labor de las enfermeras que son parte clave de la primera línea para enfrentar la pandemia. No obstante, con el despido masivo de profesionales de la salud se abren serias dudas. ¿Las enfermeras cesanteadas cobrarán su bonificación, aunque hayan sido cesanteadas? Al momento de publicar este artículo esta resolución había sido aprobada en la Cámara, pero al ser aprobada con enmiendas en el Senado tiene que regresar a la Cámara para una nueva votación.
Estas medidas subsidian con fondos públicos hospitales privados. Y, sin embargo, llama la atención que ninguna de las medidas toma acción concreta respecto a los despidos recién anunciados, ni les exige a las administraciones de los hospitales privados protección para su fuerza laboral. Tampoco clarifican si los hospitales privados son parte de un plan central de salud para enfrentar al coronavirus.
Las ganancias son privadas, las pérdidas son públicas. Quienes pagan son los trabajadores.
Mejores condiciones laborales
Los llamados a reconocer al personal que trabaja durante la pandemia, particularmente al personal de la salud, contrasta mucho con las condiciones laborales peligrosas a las que están expuestos y la pobre paga que reciben. Los medios han reportado sobre la fuga de médicos de Puerto Rico a Estados Unidos en busca de mejor paga. Menos cobertura ha recibido la emigración de enfermeras.
La última vez que hubo un aumento del salario mínimo de las enfermeras fue hace 15 años, producto de la Ley 27 del 2005.
Según números provistos por el Colegio de Profesionales de la Enfermería, en Puerto Rico hay alrededor de 38,600 enfermeros y enfermeras activos. Al momento de la publicación de este artículo 184 enfermeras habían sido cesanteadas. De todos los profesionales de la enfermería activos, el 90%, o nueve de cada diez, son mujeres. El rostro de la justicia para la enfermería tiene cara de mujer.
Un buen salario y buenas condiciones laborales son cruciales para fortalecer la retención de las enfermeras y otros trabajadores de la salud en el país. De hecho, mientras Puerto Rico enfrenta la pandemia y los hospitales privados cesantean a sus empleados, desde Estados Unidos llegan ofertas de empleo con mejor paga para que los profesionales de la salud emigren durante la crisis.
Sobre el asunto de la emigración de profesionales médicos en el medio de la pandemia, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés, dijo: “Eso ha sido así toda la vida y no tenemos manera de evitar eso. La única cosa que hoy en día es distinta es que antes se iba porque iban a tener una mejor calidad de vida y una paz mental. El que se va, se va a exponerse a morir.”
Irónicamente, estas lamentables expresiones del portavoz de los hospitales fueron hechas en el año que la Organización Mundial de la Salud declaró como el año internacional de las enfermeras.
Si las enfermeras y otros profesionales de la salud exponen su vida para salvar las vidas de otros, especialmente durante esta pandemia, entonces, precisamente por eso, hay que pagarles un salario justo. El Proyecto de la Cámara 2144 está activo en la legislatura, que busca aumentar el salario mínimo a las enfermeras del sector privado. Organizaciones que representan los intereses de las enfermeras, como el Colegio de Profesionales de la Enfermería y la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud, han respaldado esta medida como una de justicia salarial.
La Asociación de Hospitales se opone al aumento. Jaime Plá expresó a través de una ponencia que la Asociación considera la medida como una “imposición extremadamente onerosa” por el impacto financiero que tendría en los hospitales. La Asociación estima el costo del aumento en unos $142 millones. Argumentos similares utilizaron en el 2005, cuando también se opusieron al aumento del salario mínimo de las enfermeras.
Otros trabajadores de la salud que exponen su vida durante esta crisis, como los terapistas respiratorios y los técnicos de radiología, merecen reconocimiento. También es importante que el pueblo no olvide quienes les fallaron en su momento de mayor vulnerabilidad y pusieron las ganancias por encima de las personas.
El coronavirus ha expuesto las inmensas debilidades del sistema de salud de Puerto Rico. La salud no debería ser una mercancía mediante la cual se busque el lucro, sino un derecho humano fundamental para todo el pueblo. Alternativas como nacionalizar los hospitales y establecer un plan de salud universal son propuestas que deberían estar en el centro de la discusión pública.