Mural en el Viejo San Juan (Foto: Derek Seidman)
Los fondos buitre que aprovecharon la crisis económica de Puerto Rico están posicionados para obtener grandes ganancias y tienen un gran aliado que los ayuda: la Junta de Control Fiscal.
La Junta radicó en el tribunal federal su segunda versión del plan de ajuste del gobierno central. La aprobación de un plan de ajuste es el último paso para formalizar un nuevo acuerdo con los acreedores y sacar al gobierno de la quiebra. El plan integra el reciente acuerdo de febrero alcanzado con un grupo de bonistas, que incluye un aumento en el pago de deuda posiblemente ilegal y pagos en efectivo con dinero que pudiera ser utilizado para la recuperación del país. También incluye un intercambio de bonos del gobierno central por bonos de COFINA, lo que implica que los fondos buitre tendrán una fuente de repago asegurada y mayores protecciones en el caso de una segunda quiebra.
El plan de ajuste todavía incluye el recorte de 8.5% a las pensiones de sobre 65,000 retirados.
Sin el respaldo de la gobernadora ni de la legislatura, la Junta está ofreciendo a los inversionistas buitres enormes pagos, asegurados incluso en el caso de una segunda quiebra.
El plan de ajuste cuenta con el respaldo de cuatro coaliciones de fondos buitre. De acuerdo a los informes que radicaron en el tribunal en febrero de este año, las inversiones de estas cuatro coaliciones suman sobre $7.7 mil millones, o un 41% de los bonos del gobierno central incluidos en el plan de ajuste:
- Coalición de la Deuda Constitucional Legítima: $2,043,924,000
- Grupo de Tenedores de Notas QTCB: $1,891,663,120
- Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional: $2,580,135,000
- Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligación General: $1,252,872,012
De estos grupos, la Coalición de la Deuda Constitucional Legítima ha estado pagando anuncios tanto en la radio como en periódicos, como en El Nuevo Día, a favor del plan de ajuste de la Junta.
¿Quiénes son estos fondos buitre?
Arrasan con COFINA, ahora vienen por el gobierno central
La Coalición de la Deuda Constitucional Legítima fue constituida formalmente en febrero 2019. Su origen fue en respuesta a la impugnación sometida en el tribunal por la Junta cuestionando la legalidad de $6 mil millones de bonos de obligación general por violar el límite establecido en la constitución. La Coalición respaldó la impugnación de la Junta, dando a entender que sus inversiones eran en bonos no impugnados (de ahí el nombre de la coalición).
Así pues, comenzó una especie de guerra civil entre los fondos buitre. Aquellos que tenían bonos impugnados, como el Grupo de Bonistas de Obligación General, se opusieron a la Junta ya que si la corte declaraba sus bonos ilegales lo perdían todo. Por otro lado, la Coalición ganaba con la ofensiva legal de la Junta ya que la impugnación ponía en peligro la posición de los otros fondos buitre compitiendo con ellos. Mientras menos dinero hubiera para los otros, más dinero habría para ellos. La Coalición aprovechó la impugnación para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones y lograr, antes que el resto, un primer acuerdo con la Junta el 31 de mayo de 2019. El segundo acuerdo integrado en el nuevo plan de ajuste incrementa sustancialmente el repago para estos fondos.
Basado en el primer informe indicando sus inversiones al tribunal, se desprende que en sus comienzos la Coalición tenía tres miembros. No obstante, en su informe de febrero 2020 hacen constar ocho miembros:
- GoldenTree Asset Management
- Whitebox Advisors
- Taconic Capital Advisors
- Aristeia Capital
- Monarch Alternative Capital
- Farmstead Capital Management
- FCO Advisors
- Marble Ridge Capital
Los primeros cuatro fondos buitre de esta lista fueron parte del plan de ajuste de COFINA, en donde, en conjunto con el resto de la Coalición de Bonistas Senior de COFINA, obtuvieron, según nuestras estimaciones, sobre $1 mil millones en ganancias en sus inversiones en bonos senior. Además, GoldenTree, Taconic y Aristeia aprovecharon el colapso de los precios de los bonos a consecuencia de la destrucción traída por el huracán María. Los informes de sus inversiones muestran que de octubre 2017 a abril 2018 el trío casi triplicó sus bonos subordinados de COFINA, de $245 millones a sobre $729 millones. En promedio, en ese periodo el precio de los bonos subordinados de COFINA rondaba los 15 centavos por dólar. El plan de ajuste les repagó 56 centavos por dólar.
Las inmensas inversiones desde el primer trimestre del 2018 en bonos del gobierno central por parte de algunos de los miembros de la Coalición demuestra su confianza en conseguir un gran acuerdo con la Junta:
| Posesión de Bonos del Gobierno Central 1er Trimestre ‘18 – Febrero ‘20 | |||
| Fondo | 1er Trimestre ‘18 | Febrero ‘20 | Incremento |
| GoldenTree | $1,835,000 | $700,566,000 | $698,731,000 |
| Taconic | $26,715,000 | $238,407,000 | $211,692,000 |
| Monarch | $197,461,906 | $404,317,000 | $206,855,094 |
| Whitebox | $4,335,000 | $180,215,000 | $175,880,000 |
Carecemos de información sobre las inversiones del resto de los miembros de la Coalición durante el 2018. Lo que sí sabemos es que la Coalición como grupo ha venido incrementando su posesión en bonos del gobierno central desde su formación en febrero 2019 hasta el presente, de $777 millones a sobre $2 mil millones.
Estimar las ganancias de los fondos buitre es una tarea difícil no solamente por la falta de información pública, sino por la falta de precisión en sus informes sometidos al tribunal. Estos informes no hacen una distinción entre los bonos de obligación general y los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, ni entre los bonos cuya legalidad ha sido cuestionada y los bonos no impugnados. Todos estos bonos son identificados como “deuda constitucional”. No obstante, sus precios se han comportado de manera distinta en el mercado. Recientemente, una de las partes en litigio en el tribunal radicó una moción solicitando al tribunal una mayor precisión en estos informes. Si el tribunal lo aprueba, entonces tendríamos números más precisos para hacer mejores estimaciones.
Miembros de la Coalición no solamente han invertido en bonos, sino que han estado comprando propiedades en Puerto Rico.
Monarch, por ejemplo, es uno de los dueños del Hotel Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico en Río Grande (antiguo Gran Meliá). Este hotel fue construido en los 1990s en Punta Miquillo, una pequeña península que fue parte de la Reserva Natural del Río Espíritu Santo, pero que fue excluida de la reserva gracias a una resolución de la Junta de Planificación en el 1995. Recientemente los dueños anunciaron la reapertura del hotel y la futura construcción de nuevos proyectos a través de toda la península, en otro posible impacto nefasto para la reserva. Esta es la misma reserva natural que también está siendo impactada grandemente por las construcciones del inversionista John Paulson como parte del complejo hotelero St. Regis Bahia Beach Resort.
Monarch también tiene otro negocio en Puerto Rico en alianza con Taconic Capital. Las dos firmas adquirieron 2.2 millones de pies cuadrados (52 cuerdas) de almacenes industriales en el área metropolitana, en una transacción valorada en $200 millones. El administrador de estas propiedades es una empresa conjunta entre Monarch y Taconic llamada Puerto Rico Industrial Solutions Management (PRISM).
Según la página web de PRISM, el presidente y principal oficial de operaciones de la empresa es Héctor J. Del Río. Mientras el perfil menciona sus pasadas experiencias en la empresa privada, omite que Del Río ha sido miembro de la junta de directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desde diciembre 2017 y ha fungido como presidente de dicha junta desde agosto 2018.
Además, ese mismo mes de agosto 2018 uno de los dueños de PRISM, Taconic Capital, informó en el tribunal poseer sobre $97.8 millones de bonos de la AAA. Esto puede representar un conflicto de interés si al momento del nombramiento de Del Río como presidente de PRISM Taconic todavía poseía los bonos de la AAA, ya que en las reuniones de la junta de directores de la AAA se discuten asuntos relacionados a los planes fiscales y a la reestructuración de la deuda. De los documentos públicos no podemos saber si Taconic continúa siendo bonista de la AAA.
Abogados y cabilderos para conseguir los millones
Para adelantar sus intereses, la Coalición de la Deuda Constitucional Legítima se vale de los servicios legales de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un bufete de abogados con reconocimiento internacional que cuenta con sobre 800 abogados. En su página web tienen como lema: “La litigación es un juego de suma cero. Hay un ganador y un perdedor. Nosotros sabemos cómo ganar. (la traducción es nuestra)” Ciertamente, mientras más ganen los clientes de Quinn Emanuel, más pierde el pueblo de Puerto Rico.
Quinn Emanuel también fue el representante legal de varios fondos buitre desde junio 2015 y sus abogados representaron a la Coalición de Bonistas Senior de COFINA durante las negociaciones del plan de ajuste de COFINA. Susheel Kirpalani es el capitán del equipo legal de los fondos buitre. En abril 2016 depuso en una vista pública en el Congreso de Estados Unidos para impulsar la aprobación de PROMESA y la creación de la Junta de Control Fiscal.
Como parte de la estrategia de Quinn Emanuel para lograr el plan de ajuste de COFINA, que requería un proyecto de ley aprobado por la legislatura, emplearon a Politank, una firma de cabilderos liderada por el que fue director de campaña de Jennifer González durante las elecciones del 2016, Francisco Domenech.
Un conflicto legal entre Politank y Susheel Kirpalani provocó que Politank radicara una demanda en el tribunal federal contra los fondos buitre y Kirpalani. A través de esta demanda tenemos una ventana de cómo funcionan los negocios entre inversionistas, abogados y cabilderos.
En octubre 2015 Quinn Emanuel contrató los servicios de Politank para asesorar y cabildear a favor de legislación para lograr la reestructuración de la deuda de COFINA. Como parte del contrato Politank recibiría $55,000 mensuales. Adicional a las mensualidades, el contrato establecía una “cuota de éxito” (‘success fee’) una cuota que dependía de la cantidad repagada por COFINA a los fondos buitres. Mientras mayores fuesen las ganancias, mayor sería la cuota de éxito, o, en otras palabras, mientras más el pueblo de Puerto Rico tuviera que pagarles a los fondos buitres, mayor bonificación tendrían los cabilderos. Si el recobro de los bonistas era de 95% o más, la cuota sería de $3 millones. Si era de 92.5%, sería de $2.5 millones; si era de 90%, sería de $1.275 millones.
Documentos radicados en el tribunal muestran que Politank contó con los servicios de Kenneth McClintock, quien presidió el Senado (2005-2008) y fue secretario de estado (2009-2012), y con Guillermo San Antonio Acha, quien fuera comisionado electoral del Partido Popular Democrático (2014-2017) y director del comité de transición de Carmen Yulín al tomar las riendas del Municipio de San Juan.
Aunque no aparecen en el registro de cabilderos del Senado, no sabemos si Quinn Emanuel y los fondos buitre están empleando cabilderos para impulsar la aprobación del nuevo plan de ajuste del gobierno central pues dicho registro en muchas ocasiones no incluye a todos los cabilderos que están operando.
La otra firma contrata por la Coalición de la Deuda Constitucional Legítima es el bufete puertorriqueño Reichard & Escalera, quienes desde agosto 2015 también asesoraron a los fondos buitre durante la reestructuración de COFINA. Los servicios legales para la Coalición están capitaneados por Rafael Escalera, cofundador de la firma. Escalera fue nombrado en mayo 2013 por el entonces gobernador Alejandro García Padilla como miembro de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), posición en la que estuvo hasta abril 2016. La UPR es una de las instituciones públicas que más ha recibido recortes de presupuesto, cuando la Junta de Control Fiscal le recortó más de la mitad de su presupuesto. De aprobarse el plan de ajuste del gobierno central y los clientes de Escalera obtienen inmensas ganancias, el Fondo General del gobierno tendría menos recursos para asignarle a la UPR en un futuro.
Sin el apoyo de la gobernadora o de la legislatura, la Junta necesita desesperadamente a los fondos buitre para respaldar el último acuerdo de reestructuración. Para atraerlos, ha ofrecido millones de ganancias a los fondos que ahora respaldan este acuerdo. No obstante, la Junta necesita que la legislatura apruebe un proyecto de ley para viabilizar el plan de ajuste.
La oposición puede utilizar este tranque para detener la aprobación del plan de ajuste. Para defenderse, los pensionados se han estado organizando durante meses, y más de mil retirados se reunieron en asamblea el 22 de febrero para organizar sus próximos pasos para detener los recortes a las pensiones. El tiempo dirá quién prevalecerá.