El Nuevo Pacto entre la Junta y los Fondos Buitre

Photo: Eric Haver, Flickr

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La Junta de Control Fiscal creada por la administración de Obama para supervisar la economía puertorriqueña en medio de la crisis de la deuda del país anunció un nuevo acuerdo con un grupo de bonistas del gobierno central. El acuerdo, el segundo que la Junta ha negociado con estos bonistas, aumenta el pago de deuda posiblemente ilegal, ofrece pagos en efectivo con dinero que pudiera ser utilizado para la recuperación del país y amenaza la estabilidad económica de Puerto Rico, abriendo paso a la posibilidad de una segunda quiebra en el futuro.

El acuerdo reestructuraría un total de $35 mil millones en deudas del gobierno central. El mismo será parte de una nueva versión del plan de ajuste, que es el último paso para reestructurar la deuda y salir de la quiebra.

El primer intento de aprobar un plan de ajuste del gobierno central fracasó. Por un lado, la mayoría de los bonistas no estuvo de acuerdo con lo estipulado en el primer acuerdo de junio 2019, principalmente porque ofrecía mucho menos dinero a bonos cuya legalidad está siendo cuestionada en el tribunal. Por otro lado, organizaciones de pensionados lograron que la Legislatura aprobara resoluciones en contra del plan de ajuste ya que el mismo incluía un recorte de 8.5% a las pensiones.

El recorte de 8.5% a las pensiones de sobre 65,000 jubilados todavía está sobre la mesa.

Los bonistas que firmaron este acuerdo son en su mayoría fondos buitre, algunos de los cuales han estado aumentando considerablemente sus inversiones en bonos del gobierno central desde mediados del 2018. De hecho, muchos de estos fondos buitre son los mismos que participaron en el plan de ajuste de COFINA, a través del cual generaron cientos de millones en ganancias.

El acuerdo en el contexto de la quiebra

La Junta hasta el momento ha radicado la quiebra de seis entidades gubernamentales. Ellas son:

  1. Gobierno central
  2. Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA)
  3. Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
  4. Administración de los Sistemas de Retiro (ASR)
  5. Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
  6. Autoridad de Edificios Públicos (AEP)

La quiebra de COFINA finalizó en febrero 2019, cuando el tribunal federal aprobó su plan de ajuste. Los bonos reestructurados de COFINA se pagarán por los próximos 40 años con una parte de los recaudos del IVU. Según nuestras estimaciones, dicho plan significó sobre $1.3 mil millones en ganancias para los fondos buitre.

El acuerdo recién anunciado por la Junta busca ser la base del plan de ajuste de tres entidades públicas, el gobierno central, la ASR y la AEP. La Junta dice que buscará radicar la nueva versión del plan de ajuste antes que acabe febrero.

La Junta no tiene la potestad para aprobar el plan de ajuste por sí misma. Para su aprobación se requiere de un proyecto de ley aprobado por la Legislatura (con la firma de la gobernadora), una votación de todos los acreedores del gobierno central (incluyendo la ASR y la AEP) y finalmente la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain.

¿En qué consiste el acuerdo?

El acuerdo es tan malo que hasta algunos miembros de la Junta, incluyendo a David Skeel y a Ana Matosantos, le votaron en contra. ¿En qué consiste?

El acuerdo impacta directamente al Fondo General, de donde salen las asignaciones presupuestarias para todas las agencias gubernamentales. Del Fondo General también sale el pago de las pensiones.

Mientras más dinero la Junta separe para el pago de la deuda menos dinero quedará para servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

La principal deuda del gobierno central son los bonos, que en total suman alrededor de $18.7 mil millones (bonos de obligaciones generales y los de la AEP). La legalidad de parte de esta deuda, $9 mil millones, ha sido impugnada en el tribunal por su posible violación a la constitución de Puerto Rico por sobrepasar el límite constitucional de la deuda. La propia Junta participó de esta impugnación. Si esta deuda fuera declarada ilegal, el gobierno se liberaría del pago de estos bonos. 

En el acuerdo de junio 2019 la Junta les ofreció a los bonistas con deuda impugnada entre 45 y 55 centavos por dólar. A los bonistas con deuda no impugnada les ofreció entre 64 y 72 centavos por dólar.

Con el nuevo acuerdo la Junta desiste de impugnar los bonos y aumenta considerablemente el pago por ellos. Los bonos impugnados recibirían de 65 a 72 centavos por dólar, mientras que los bonos no impugnados recibirían de 75 a 77 centavos por dólar. 

La Junta promociona el acuerdo con el argumento de que reduce la deuda del gobierno central en un 70%. Sin embargo, el recorte a estos bonistas, que poseen la deuda principal del gobierno, es de solo un 27% en promedio. En otras palabras, los fondos buitre tendrían una recuperación promedio de 73%.

El periodo de duración de este acuerdo es de 20 años, diez años menos que el acuerdo anterior. En parte esto es logrado por los pagos en efectivo, un total de $3.8 mil millones, que la Junta le ofrece a los bonistas. El dinero en efectivo provendría de la reserva que posee el Departamento de Hacienda en donde se guarda, entre otros, los ahorros logrados con las medidas de austeridad. Para el 31 de enero de 2020 esta reserva contaba con $9 mil millones.

El dinero de esta reserva podría utilizarse para la reconstrucción del país que aún se recupera del huracán María y, recientemente, del terremoto y sus réplicas. Sin embargo, la Junta prefiere hacer pagos en efectivo a los fondos buitre, instituciones millonarias que especulan con la crisis del país.

El nuevo acuerdo estipula que la mitad de los bonos ha reestructurarse serán intercambiados por bonos de COFINA. Para cumplir con esta disposición, la Junta necesita que la Legislatura apruebe un proyecto de ley para transferir a COFINA (y a sus bonistas) una parte de los recaudos del IVU que le pertenecen al gobierno central. Así pues, los bonistas intercambiarían bonos no asegurados por bonos asegurados con el pago del IVU.

El peso del recorte de 70% recae en tres grupos de acreedores, cuyas reclamaciones en conjunto suman alrededor de $16 mil millones. En promedio estos acreedores recibirán un recorte de 97%. 

En primer lugar, están los bonistas de la ASR. La ASR emitió una serie de bonos en el 2008 cuya fuente de repago eran las aportaciones patronales para el pago de pensiones. Después de una larga batalla legal, los bonistas de la ASR sufrieron un duro revés cuando el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston falló en su contra. Como consecuencia de dicho fallo, estos bonistas son dueños solamente de los activos que aún quedan en el Sistema de Retiro. En la primera versión del plan de ajuste la Junta les ofrecía 13 centavos por dólar. Este acuerdo permanece en silencio sobre cuánto les están ofreciendo.

En segundo lugar, están los bonos de tres agencias, de la Autoridad del Centro de Convenciones, de la Autoridad de Carreteras y Transportación y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Las fuentes de repago de estos bonos dependen de ingresos que están sujetos a que el gobierno los tome para utilizarlos para propósitos de mayor importancia, una acción que en la jerga legal se conoce como “clawback”. En la primera versión del plan de ajuste la Junta ofreció no más de 3 centavos por dólar por estos bonos.

Finalmente están los acreedores no asegurados como las compañías que ofrecieron sus servicios al gobierno (en su mayoría empresas locales), trabajadores a quienes el gobierno les debe dinero y demandantes que hayan ganado sentencias contra el gobierno. En el plan de ajuste anterior la Junta les ofrecía hasta 1.8 centavos por dólar.

Cuando la Junta radique la segunda versión del plan de ajuste, que incluirá el recorte de 8.5% a las pensiones, probablemente enfrentará una Legislatura indispuesta a aprobar su acuerdo. El partido en el poder sabe el gran costo político que tiene aprobar en año de elecciones un recorte a las pensiones de uno de los sectores más vulnerables en el país. Los pensionados y el pueblo en general pueden sacar provecho de este conflicto para poner un freno a los planes de la Junta.