Banco Popular en Anaheim Hills, California (Foto: Wikipedia Commons)
La tierra todavía tiembla. La gente, especialmente quienes viven cerca de los epicentros, tienen ansiedad y miedo. El sistema eléctrico está débil y se reportan apagones. Más de dos años después de la destrucción traída por el huracán María, Puerto Rico enfrenta otro reto de la naturaleza.
El 7 de enero un terremoto de 6.4 en la escala Richter sacudió al país, seguido de múltiples réplicas que al momento de esta publicación no paran. La zona suroeste es la más afectada, con cientos de familias que perdieron sus hogares. La gente atemorizada se ha organizado en campamentos al aire libre por miedo a que sus casas colapsen. El presidente Trump aprobó la declaración de Puerto Rico como zona de desastre, autorizando el desembolso de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ayudar a personas que perdieron sus casas.
Nuevamente se deja ver la desorganización y la ineficiencia del gobierno. Años de políticas de austeridad y los recortes masivos en el gasto público por parte de la Junta de Control Fiscal han dejado al país indefenso para responder a emergencias como esta. La naturaleza hace sus estragos, pero la crisis es política. La gente no confía en las agencias gubernamentales.
Por otro lado, si la infraestructura del país estaba en un deterioro que venía acumulándose por años, el paso de María agudizó el problema a niveles críticos. El terremoto es otro golpe en un país que todavía no se ha recuperado del todo de los estragos del huracán.
Mientras miles de personas viven en campamentos y refugios, es inaceptable que cientos de viviendas estén vacantes, particularmente las viviendas que obtuvieron los bancos mediante ejecuciones de hipoteca. En el centro de esta historia se encuentra el Banco Popular de Puerto Rico, una de las instituciones con la mayor cantidad de ejecuciones de hipotecas en la isla.
Como si esto no fuera poco, el gobierno y la Junta cuentan con $8.7 mil millones que pueden ser utilizados para una recuperación justa si una parte sustancial de la deuda fuese cancelada. Dicho dinero se encuentra en varias cuentas de banco, entre ellas una con el Banco Popular.
La crisis de vivienda y el papel del Banco Popular
El gobierno estima que alrededor de 800 viviendas fueron afectadas y sobre 6,400 personas quedaron desplazadas. ¿Podrían utilizarse las cientos de residencias vacantes en manos de los bancos que fueron reposeídas?
La crisis de vivienda que está surgiendo de esta tragedia se da en el contexto de un país con miles de estructuras y residencias en desuso. Muchas de estas residencias están desocupadas como consecuencia de las ejecuciones de hipotecas que año tras año llevan a cabo los bancos. Miles de familias han perdido su hogar por no poder pagar sus hipotecas, víctimas de una economía en declive y de un sistema financiero que no perdona. Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), entidad gubernamental encargada de regular las instituciones financieras privadas, desde el 2008 hasta noviembre 2019 hubo un total de 44,788 ejecuciones de hipotecas.
El mayor verdugo en esta tragedia es el Banco Popular, la institución financiera más grande de Puerto Rico. Según la OCIF, para ese mismo periodo Popular ejecutó un total de 19,066 hipotecas, es decir, alrededor del 42.5% de la totalidad de las ejecuciones en esos 11 años.
¿Cuántas de estas casas reposeídas todavía pertenecen a las instituciones financieras? Las estadísticas más actualizadas que encontramos son de septiembre 2019. Para esa fecha la OCIF reportó que las instituciones financieras bajo su jurisdicción poseían 2,952 propiedades residenciales. De esas, el Banco Popular era dueño de 824 viviendas, más de una cuarta parte de las viviendas disponibles.
La discusión sobre alternativas de vivienda para los afectados por el terremoto debería tomar estas residencias vacantes en consideración. No buscar alternativas creativas en este momento crítico sería un insulto para las miles de personas que se encuentran sin hogar. El Banco Popular debe asumir su responsabilidad como empresa local y seriamente considerar cómo estas viviendas pueden ayudar a subsanar la seria crisis de vivienda que enfrentamos.
Una reserva de $8.7 mil millones y una cuenta en el Banco Popular
Luego de los terremotos del 7 de enero de 2020, se reportaron daños significativos en la planta Costa Sur, que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica y que genera alrededor del 25% de la totalidad de la energía generada en el país. El comienzo del año escolar llena de incertidumbre a miles de familias al no tener certeza de que las escuelas tengan la capacidad de resistir otro terremoto. Puentes y embalses también son causa de preocupación.
Al igual que en el Huracán María, el gobierno local centra la discusión en los fondos y la necesidad de que el gobierno federal desembolse dinero de emergencia que pueda ofrecer apoyo a aquellos más necesitados y a los trabajos de reconstrucción. Aquí la historia se repite, el gobierno federal se toma su tiempo en aprobar la declaración de emergencia e impone restricciones al uso de los fondos.
Mientras esto sucede, en el debate público no se discute la existencia de una reserva de $8.7 mil millones que tiene el gobierno. Tampoco se discute que uno de los custodios de esa reserva es el Banco Popular. Se trata de una reserva del Departamento de Hacienda, en donde se guardan todos los recaudos que ingresan al Fondo General. De aquí también sale el dinero de las asignaciones presupuestarias para todas las agencias de gobierno.
Esta reserva ha ido creciendo con el tiempo pues, entre otras cosas, todos los ahorros producto de las medidas de austeridad son depositadas en ella. Los brutales recortes ayudan a inflar la reserva: De $1.8 mil millones que tenía para diciembre 2018 ahora tiene $8.7 mil millones – fondos que son el producto de los sacrificios a los cuales ha sido sometido el país. Para comprender la magnitud del tamaño de esta reserva: es del mismo tamaño que el presupuesto del gobierno en el 2017.
Los bonistas, principalmente los fondos buitres, se encuentran litigando o negociando en el tribunal federal de quiebra para apoderarse de este dinero. Su futuro está en juego en las negociaciones para lograr el plan de ajuste de deuda del gobierno central. El plan de ajuste es el último paso para sacar al gobierno de la quiebra pues consiste en un nuevo acuerdo con los bonistas, y con los acreedores en general, para establecer los nuevos términos de pago y las estipulaciones legales que regirán el acuerdo.
En otras palabras: mientras más deuda sea cancelada, esto es, mientras menos dinero vaya dirigido al pago de la deuda, más dinero de esta reserva podrá ser utilizado para una reconstrucción y recuperación justa y digna.
En septiembre 2019 la Junta de Control Fiscal radicó un plan de ajuste que contenía, entre otras cosas, el pago de deuda alegadamente ilegal y un recorte de 8.5% a las pensiones de sobre 65,000 retirados. Sin embargo, complicaciones legales con un grupo significativo de bonistas, más la campaña en defensa de las pensiones organizada por varios grupos sindicales y de pensionados, lograron que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaran resoluciones en contra del plan de ajuste. La Junta tuvo que posponer sus planes y el proceso legal continúa.
El contrato entre el Departamento de Hacienda y el Banco Popular para que este último custodie parte de la reserva comenzó el 22 de diciembre de 2017. En su sección 7 se estipula que el banco no pagará a Hacienda los intereses correspondientes del dinero resguardado. En otras palabras, el gobierno autorizó un contrato que implicó la pérdida de millones de dólares en intereses sin cobrar que pudieran estarse utilizando en estos momentos para hacerle frente a la emergencia. El contrato fue firmado por Raúl Maldonado, el ex Secretario de Hacienda que denunció una supuesta mafia institucional en Hacienda y que admitió ser la persona que filtró el infame chat que detonó las movilizaciones que causaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló durante el verano de 2019.
El gobierno perdió millones de dólares que dejó de cobrar por intereses, incluyendo los intereses generados en la cuenta que tiene con el Banco Popular.
Luego de múltiples denuncias finalmente el gobierno anunció el cobro de intereses. Según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agente Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, entre los meses de julio a noviembre de 2019 el gobierno ingresó $49 millones por concepto de los intereses generados. En tan solo un mes, de noviembre 23 hasta diciembre 27, los intereses le han generado al gobierno $10 millones en ingresos.
Sabemos de los lazos familiares entre el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, y la dinastía Carrión, fundadores y dueños del Banco Popular, incluyendo al presidente de su junta de directores, Richard Carrión.
Con el terremoto reciente y sus réplicas, Puerto Rico sufre el desastre más grande luego del Huracán María. El Banco Popular ha sido uno de los verdugos silentes de la crisis que experimenta Puerto Rico. Esta situación no es solo una afrenta a las personas que lo perdieron todo, sino que representa otro ejemplo de cómo corporaciones se lucran del sufrimiento del pueblo puertorriqueño. El momento es ahora para que el Banco Popular asuma su responsabilidad y provea vivienda para aquellos que la necesitan y devuelva todo dinero que haya devengado de las cuentas del gobierno destinadas al pago de la deuda.