La presidenta de SUNY Kristina Johnson y la montaña de cenizas de carbón en la planta de su compañía en Guayama (Fuente: La cuenta Twitter de Johnson y CPI)
Mientras que la presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), Kristina Johnson, ha estado recibiendo alabanzas por el “SUNY Puerto Rico Task Force” que ella creó para ayudar en los esfuerzos de ayuda después de los huracanes de 2017, residentes en la isla han estado expuestos a los desechos cancerígenos producidos y desechados por una compañía de energía de carbón en cuya junta de directores ella se sienta.
Además de ser presidenta del sistema de universidades de SUNY, Johnson es miembro de la junta de directores de AES, la compañía eléctrica que ha depositado millones de toneladas de cenizas tóxicas de carbón en vertederos y otros sitios en todo el país. Johnson recibió un pago de $275,840 por su servicio en la junta de AES en 2017 y posee más de $2.5 millones en acciones.
AES ha sido objeto de intensas protestas, ya que la compañía ha depositado millones de toneladas de cenizas de carbón que contienen compuestos cancerígenos y tóxicos en República Dominicana y Puerto Rico, dejando una estela de muertes y enfermedades y provocando una importante resistencia de la comunidad.
En particular, uno de los objetivos del “SUNY Puerto Rico Task Force” de Johnson es “desarrollar un plan de acción que mejore la sustentabilidad a largo plazo y la vitalidad de la sociedad puertorriqueña según la definan los residentes de Puerto Rico”, de acuerdo con un blog de la Escuela de Ciencias Ambientales y Forestales de SUNY. AES, que le paga a Johnson más de diez veces el ingreso familiar promedio de Puerto Rico cada año, ha estado directamente socavando esa meta durante años quemando carbón para generar electricidad y obligando a que la gente de Puerto Rico tenga que lidiar con sus desechos.
AES en Puerto Rico y la lucha contra las cenizas
La lucha contra los residuos de cenizas de carbón de AES gira actualmente en torno a un nuevo reglamento que permitirá su uso en proyectos de construcción, pero la batalla para proteger el medio ambiente y la salud de las comunidades ha estado en curso durante más de una década.
AES es una empresa internacional de energía con sede en Virginia que opera en 15 países. La relación de la corporación con Puerto Rico se remonta a 1994, cuando entró en vigor su primer acuerdo de compra de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando los residentes del sur de la isla sintieron su presencia, año en que la AES abrió su carbonera en el pueblo de Guayama. Los residuos de esta planta han afectado no solo las comunidades en Guayama, sino también alrededor de Puerto Rico y tan lejos como la República Dominicana.
Después de que la planta se activara en el 2002, AES comenzó a enviar gran parte de sus cenizas de carbón a Arroyo Barril en la República Dominicana, de conformidad con una estipulación en su contrato con la AEE que prohibía tirar los desechos en Puerto Rico. Un aumento en los problemas respiratorios, alergias en la piel y abortos espontáneos debido a malformaciones fetales pronto siguió en la zona.
Mientras tanto, AES también estaba acumulando cenizas de carbón en su planta en Puerto Rico y depositando los desechos en toda la isla. Más de 400,000 toneladas de cenizas de carbón se acumulan en una montaña en la planta de Guayama y se estima que otros dos millones de toneladas se han depositado en otros lugares de la isla, aparentemente utilizados como relleno en proyectos de construcción. No obstante, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y La Perla del Sur informan que se han documentado múltiples depósitos de cenizas de carbón descubiertos al aire libre. Se desconoce del paradero de un millón de toneladas de cenizas de carbón.
Guayama y los pueblos cercanos de Santa Isabel, Arroyo y Salinas tuvieron algunas de las tasas más altas de cáncer en el país entre 2004 y 2014. Esos son los pueblos donde AES trasladó la mayor parte de las cenizas de carbón utilizadas en Puerto Rico – como relleno de viviendas y proyectos de construcción comerciales bajo el nombre de Agremax – según el CPI y La Perla del Sur.
Mientras AES ha estado operando en Puerto Rico, ha enfrentado oposición. La comunidad de Arroyo Barril en la República Dominicana se organizó para ponerle fin a los depósitos de AES y demandaron a la compañía por los impactos en su salud. En el 2017, los residentes de Peñuelas en el sudoeste de Puerto Rico bloquearon los camiones que enviaban cenizas de carbón desde la planta hasta el vertedero local después de que AES y la AEE enmendaron su contrato para permitir que la empresa disponga de sus desechos en los vertederos locales.
Actualmente, el enfoque de la resistencia es una pieza legislativa firmada en 2017 por el gobernador Rosselló que en apariencia prohibió la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico, pero que abrió la posibilidad de utilizar los desechos como material de construcción.
La conexión de Kristina Johnson
Kristina Johnson ha sido miembro de la junta de directores de AES desde 2004 hasta el presente, con una ausencia de dos años desde 2009 hasta 2011, tiempo durante en que se desempeñó como subsecretaria de energía en la administración de Obama. También ha sido miembro de la junta de Boston Scientific Corp y actualmente está en la junta de Cisco Systems. Johnson es una ingeniera óptica.
Johnson forma parte del comité de compensación de la junta de directores de AES y preside su comité de innovación y tecnología, que es responsable de evaluar los riesgos relacionados con las tecnologías que implementa la compañía. En 2017, AES informó que compensó a Johnson con $275,840 en efectivo y en acciones. Las 151,151 acciones de Johnson tenían un valor de $2,593,751 al cierre del mercado el 11 de febrero de 2019.
La junta de síndicos de SUNY designó a Johnson como presidenta en 2017. En ese cargo, ha sido elogiada por el “SUNY Puerto Rico Task Force”, un esfuerzo por “canalizar la experiencia significativa, el servicio y la generosidad de la amplia comunidad de SUNY para satisfacer las necesidades de una comunidad puertorriqueña”. El grupo de trabajo ha incluido estudiantes voluntarios de SUNY Maritime (escuela naval), SUNY ESF (Escuela de Ciencias Ambientales y Forestales) y SUNY Albany que ayudan en la limpieza y reconstrucción. También incluye personal de la escuela de medicina de SUNY Stony Brook, asistiendo a profesionales médicos de Puerto Rico; y el Puerto Rico Recovery Assistance Legal Clinic (Clínica Legal de Asistencia de Recuperación de Puerto Rico) administrada por la escuela de derecho SUNY Buffalo. El esfuerzo también permitió a los estudiantes desplazados por los huracanes ser elegibles para la matrícula que pagan los residentes de Nueva York (los estudiantes de afuera pagan más) en las universidades de SUNY en el año académico 2017-2018.
En un viaje a Puerto Rico en julio de 2018, Johnson posó para fotografías instalando pequeños paneles solares en un centro comunitario en Cayey “para demostrar cómo las comunidades pueden beneficiarse de una fuente de energía portátil y confiable”. La planta de energía de carbón de su compañía y su montaña de residuos peligrosos en Guayama, a menos de diez millas de distancia, no aparecieron en ningún material promocional.
Si bien la muestra de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico por parte de los estudiantes, profesores y personal de SUNY es notable y loable, las acciones de la compañía de la presidenta Kristina Johnson se oponen directamente al objetivo de SUNY de “ayudar a construir comunidades más seguras, más sostenibles y resilientes en Puerto Rico”.